La Asamblea de los 87 Notariados miembros de la Unión Internacional del Notariado estudió en su última reunión en Buenos Aires, el 1 de octubre, el siguiente tema: "El notario y las personas en situación de vulnerabilidad: retos del futuro".

Participaron como ponentes representantes de diversos organismos internacionales:   

de las Naciones Unidas (Catalina DEVANDAS AGUILAR, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; María Soledad CISTERNAS REYES, Enviada Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Accesibilidad; Theresia DEGENER , Presidente del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas) de la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado (Ignacio GOICOECHEA, Representante para América Latina y el Caribe) o del  órgano de reforma nacional (María Graciela IGLESIAS, Titular del Organismo Nacional de Revisión de Salud Mental (Argentina), el punto clave es el cambio de paradigma en la consideración de la capacidad legal de las personas con discapacidad.

De hecho, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, que ha sido ratificada por 177 Estados, consagra un modelo de reconocimiento de la capacidad jurídica plena y universal para todos, el llamado modelo de apoyo en la toma de decisiones en lugar del tradicional modelo de incapacitación. 

Por lo tanto, la capacidad legal se confirma como un derecho humano del cual no se puede privar y se distingue de la capacidad mental para tomar decisiones que varia de una persona a otra en función de diversos factores. El resultado es la obligación de buscar y determinar en todas las situaciones, y con miras a garantizar la igualdad de trato para todas las personas, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, estableciendo medidas de apoyo en la toma de decisiones en vez de sustituir su decisión por la de un representante autorizado que evalúa su supuesto mejor interés.

Para permitir este respeto de la voluntad de la persona con discapacidad, se han identificado tres elementos centrales: la accesibilidad, la determinación del apoyo y la implementación de ajustes razonables. Entre estos elementos, la figura central de apoyo se ha destacado en gran medida. El apoyo no es de ninguna manera un agente de toma de decisiones que reemplaza a la persona con discapacidad. Al contrario, debe permitir, gracias a métodos de comunicación alternativos en particular, la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad.

El notario como autoridad pública es una figura legítima de apoyo institucional para las personas con discapacidad,en particular por su proximidad al ciudadano y su papel clave en el marco de la justicia preventiva. 

El notario cualquiera que sea la raza, cultura, condición, formación o cualquier otra circunstancia personal o social del ciudadano que requiere sus servicios se configura como apoyo institucional para el ejercicio de derechos y como autoridad en relación con las salvaguardias en un doble sentido, positivo, para respetar los derechos, voluntad y preferencias, y en un sentido negativo, para impedir abuso e influencia indebida. 

Los debates se centraron en las formas de garantizar los actos notariales, garantizar su validez y garantizar así la seguridad jurídica en la aplicación de los sistemas de apoyo, pues en caso contrario las personas con discapacidad quedarán fuera del mercado jurídico y económico. Los Estados deben reformar profundamente su legislación para permitir la plena aplicación de la Convención y una práctica pacífica para los profesionales legales, jueces y notarios.

Todos los oradores concluyeron sobre el papel único y crucial de los notarios en la implementación de un sistema jurídico de protección y promoción de autonomía de las personas en situación de vulnerabilidad, también en el marco de sus movimientos internacionales. La Asamblea General de Buenos Aires, en su quinta recomendación final, “apela a la creatividad jurídica del notario para elaborar nuevos instrumentos jurídicos que respondan a la nueva realidad social tal y como ha pasado en otros ámbitos (…)”. 

A través de su colaboración con las organizaciones internacionales, el Notariado desea permitir que todos los ciudadanos "avancen en una sociedad más justa, más participativa e inclusiva", como lo pide Catalina Devandas Aguilar.